SANTO DOMINGO. La presidenta del Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo dispuso la suspensión provisional de la licencia y la paralización de los trabajos de construcción de la cementera que levanta en la comunidad de Gonzalo, Monte Plata, el Consorcio Minero Dominicano S.A., a un costo de US$300 millones.
La jueza Sara Henríquez Marín tomó la decisión en contra del acto administrativo-licencia ambiental DEA 0157-09 de fecha 14 de abril del año 2009 otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarena) al Consorcio.
Con la medida cautelar, que acogió una petición del Movimiento de Campesinos Trabajadores de las Comunidades Unidas Incorporadas y el Espeleogrupo de Santo Domingo, la magistrada ordenó que la paralización de las actividades es hasta tanto se conozca el recurso contencioso administrativo.
Las entidades plantearon que la instalación la cementera se haría en un área de la zona protegida de Los Haitíses.
El Procurador General Tributario y Administrativo señala que los recurrentes no han probado (de manera incuestionable) los supuestos daños causados con el inicio del proyecto.
La jueza Henríquez consideró que en el caso de la especie de las alegaciones de la parte recurrente, sin prejuzgar el fondo, parece fundada su pretensión, con apariencia de buen derecho, dada la presencia de presupuestos característicos que determinan el otorgamiento de medidas cautelares anticipadas.
Los abogados apoderados especiales del consorcio minero, Robert Martínez Vargas, Milton Ray Guevara, Juan Manuel Pellerano y Pedro Domínguez Brito habían solicitado el rechazo en todas sus partes la pretensión de aprobación de medidas cautelares anticipadas demandada en contra del proyecto.
La jueza Sara Henríquez Marín tomó la decisión en contra del acto administrativo-licencia ambiental DEA 0157-09 de fecha 14 de abril del año 2009 otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarena) al Consorcio.
Con la medida cautelar, que acogió una petición del Movimiento de Campesinos Trabajadores de las Comunidades Unidas Incorporadas y el Espeleogrupo de Santo Domingo, la magistrada ordenó que la paralización de las actividades es hasta tanto se conozca el recurso contencioso administrativo.
Las entidades plantearon que la instalación la cementera se haría en un área de la zona protegida de Los Haitíses.
El Procurador General Tributario y Administrativo señala que los recurrentes no han probado (de manera incuestionable) los supuestos daños causados con el inicio del proyecto.
La jueza Henríquez consideró que en el caso de la especie de las alegaciones de la parte recurrente, sin prejuzgar el fondo, parece fundada su pretensión, con apariencia de buen derecho, dada la presencia de presupuestos característicos que determinan el otorgamiento de medidas cautelares anticipadas.
Los abogados apoderados especiales del consorcio minero, Robert Martínez Vargas, Milton Ray Guevara, Juan Manuel Pellerano y Pedro Domínguez Brito habían solicitado el rechazo en todas sus partes la pretensión de aprobación de medidas cautelares anticipadas demandada en contra del proyecto.
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