El Movimiento Participación Ciudadana (PC) informó que tras un análisis detallado de la auditoria realizada al contrato entre la Junta Central Electoral y el Consorcio SOMO, para el Proyecto de Automatización del Registro del Estado Civil, Registro Electoral y Proceso Electoral de la JCE, detectó una serie de irregularidades.
La auditoria fue realizada por RSM Bogarin, Erhard, Padilla, Alvarez & Martínez, Soriano & Asociados y Pellerano y Herrera.
Mediante un comunicado, el Consejo Nacional de Participación Ciudadana explica que el indicado informe hace referencia a una serie de irregularidades en los procesos de contratación, ejecución y pagos, y deja enormes dudas sobre la transparencia con que fue llevado a cabo.
La falta de transparencia incluye también, el hecho de que el organismo comicial fue condenado por un tribunal arbitral a pagar una suma superior a la que efectivamente debía, sin haber hecho la debida diligencia por defenderse.
Igualmente, destaca el hecho de que se convocara a una licitación para ejecutar el proyecto sin que se determinaran previamente las necesidades reales que justificaran la implementación del mismo, ni que constara por escrito el soporte técnico que sirviera a los Términos de Referencia para solicitar propuestas de posibles proveedores de productos y servicios, lo cual se considera un componente vital en la administración de proyectos exitosos.
Participación Ciudadana considera además, que debe llamar la atención que, según la auditoria, en el proceso de contratación se produjeron cambios en los costos ofertados sin evidencia de autorización previa o posterior de la JCE, encontrándose diferencias por US$4,015,000 entre los importes de la oferta inicial y aquellos incorporados en el contrato.
El Consejo de PC entiende que hay otros aspectos que no deberían pasar desapercibidos ante la opinión pública y las autoridades, como que SOMO se comprometió a gestionar un financiamiento internacional para la ejecución del proyecto, pero al final fue la JCE la que se vio obligada a obtener un préstamo puente en el Banco de Reservas por US$35,000,000.00, que a la postre se convirtió en el financiamiento definitivo.
En este sentido, Participación Ciudadana hace un llamado a los organismos públicos vinculados a las áreas de prevención, investigación y persecución de la corrupción, así como al Senado de la República en su calidad de ente responsable de la designación de los miembros de la Junta Central Electoral, a que estudien minuciosamente los resultados de dicha auditoria.
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