Un estudio financiado por la Unión Europea detectó un “fuerte aumento en los gastos corrientes en relación a los gastos de capital” y un alza que duplicó los “intereses y gastos de la deuda pública” dominicana, entre el 2007 y 2009.La investigación destaca que los servicios sociales más importantes como educación, salud y asistencia social, que van dirigidos a los sectores vulnerables en general, “sufren una pequeña baja hacia 2008 y 2009” de algo más de un punto porcentual en comparación con 2007.
El estudio, cuyo informe final fue presentado el 30 de noviembre del 2010, consistió en un “Informe de Gasto Público y de Rendición de Cuentas en Medición de Desempeño”.
Fue elaborado por Jorge A. Shepherd y Gustavo Saldarriaga. Está colgado en la página electrónica del Ministerio de Hacienda.
El informe indica que las bajas en los servicios sociales fueron compensadas “con alzas en otros servicios públicos de importancia como vivienda y urbanismo y sobre todo seguridad social”.
Expone que “observando las asignaciones presupuestarias por clasificación económica, se observa un fuerte aumento de los gastos corrientes en relación a los gastos en capital.
Estos últimos bajan entre 2007 y 2009, en 4.4%, es decir hay una fuerte baja en la inversión, la que es equivalente al alza de 4.4% de los gastos corrientes”.
Cita entre las alzas corrientes más notables los sueldos y salarios que suben en 50.0%, mientras que los pagos de intereses se doblan, subiendo del 7.1% en 2007 al 14.3% en 2009.
El informe analiza otros aspectos de la gestión financiera pública, con juicios en ocasiones críticos. También ofrece un seguimiento sobre el comportamiento de la economía y su desempeño dentro del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en especial el firmado en el 2005.
Los autores del estudio indican, en otra aspecto, que los sistemas de control interno y de auditoría interna y los procesos de compras y contrataciones públicas son sumamente débiles y sus marcos legales y normativos no son compatibles con las prácticas modernas y los requerimientos actuales de rigor.
La función de auditoría interna ha hecho avances notables en el proceso de reforma del sistema de Gestión Financiera Pública (GFP), pero los resultados no se verán hasta que se instituyan prácticas sistémicas de auditoría y se apliquen otras normas y técnicas modernas a través de la Contraloría General de la República.
Indican, asimismo, que la “auditoría externa confronta serias dificultades y desafíos en la Cámara de Cuentas, y el seguimiento de las recomendaciones en los informes de auditoría no ha creado impactos favorables en la integridad y el cumplimiento de la función pública”.
Aseguran que “el poder legislativo ejerce un rol escaso en el escrutinio del proyecto anual de presupuesto, la ley de presupuesto complementario y de los informes de auditoría externa”. Citan los obstáculos enfrentados por los encargados de las áreas de gestión financiera en las entidades del Gobierno.
Compras y contrataciones
Según los autores del informe, las deficiencias administrativas en los procesos de compras y contrataciones y la ausencia de un catálogo de productos y precios y de una contabilidad que actualice la información, son algunas de las debilidades halladas.
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