Finjus apoya creación de un Cuerpo de Investigación de PN

Servio Tulio Castaños Guzmán

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) dijo ahoy que apoya la creación de un Cuerpo Técnico de Investigación de la Policía Nacional que actué bajo la dirección legal del Ministerio Público, por entender que esta medida es imprescindible para alcanzar la tecnificación de la investigación penal en el país, que es una de las mayores exigencias de la reforma del sistema de justicia penal.


"De este paso dependerá, en gran medida, la eficiencia y la eficacia de la persecución del crimen en el país, que comprende un conjunto de tareas que deben operar en forma proactiva, lo que exige una comunicación constante y fluida entre el acusador público y los órganos encargados de la investigación", sostuvo el director ejecutivo de la Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán.

Añade que, en ese sentido, la Finjus entiende que la activa interrelación entre fiscales y policías investigadores es un prerrequisito indispensable para garantizar una persecución penal adecuada, por lo que la creación del Cuerpo Técnico de Investigadores viene a fortalecer el necesario control que requiere el Ministerio Público en las investigaciones conforme lo requiere la propia Constitución.

Castaños citó el artículo 255 de la Constitución, que establece que corresponde a la Policía Nacional “perseguir e investigar las infracciones penales, bajo la dirección legal de la autoridad competente” y en el artículo 169 dispone que el Ministerio Púbico “dirige la investigación penal y ejerce la acción pública en representación de la sociedad”.

"Resulta incuestionable que es al Ministerio Público a quien le toque dirigir legalmente la investigación de las infracciones penales y en esa materia la Policía se encuentra subordinada a sus instrucciones", subrayó el ejecutivo de la Finjus.

Apunta que es claro que aunque la Constitución establece una Policía Nacional, esto no impide que el legislador pueda, a pedido del Poder Ejecutivo, crear las entidades especializadas, dentro o fuera de la Policía, que sean necesarias para ejercer funciones de naturaleza policial en materia de seguridad (preventiva) o de persecución (investigativa), "que pudieran subordinarse al Ministerio o Institución del ámbito de sus respetivas competencias, conforme dispone el artículo 261 de la Constitución", dijo.

Castaños Guzmán, expresó que la creación de este órgano, en el marco de la Ley Orgánica del Ministerio Público, constituye el primer paso de la reforma de la Policía Nacional. "La Policía no tiene facultad para deliberar, y por tanto, la adopción de las políticas de seguridad ciudadana corresponde al Ministerio de Interior y las políticas de persecución criminal son competencia del Ministerio Público", precisó.

Considera que por todo esto se recomienda adoptar una Ley Orgánica de la Policía Nacional que reconfigure la relación entre el Poder Ejecutivo y la Policía Nacional, para que el Ministerio de Interior y Policía se convierta efectivamente en el canal de comunicación ordinario entre la Policía Nacional y el Presidente de la República. "Cualquier asunto de interés público que la Policía Nacional quiera hacer llegar al Poder Ejecutivo debe hacerlo por vía del Ministerio correspondiente como manda la Constitución", sugiere Castaños Guzmán.

Dijo que esto no impide que el Presidente de la República pueda requerir directamente a la Policía Nacional u otra agencia de seguridad o investigación cualquier asunto de su competencia sin intermediación alguna, porque éste conserva el mando supremo de todos los cuerpos policiales y militares.

Tras la adopción de este Cuerpo Técnico de Investigación, indicó que la Finjus entiende que debe continuar la discusión de la reforma de la Policía Nacional, lo que a su juicio debe incluir la profesionalización y depuración de esta institución, dotándola de recursos técnicos, humanos y financieros adecuados para que la labor preventiva y de persecución del crimen sea exitosa.

"Esto dará paso asimismo a un mejoramiento del nivel de confianza y los lazos de comunicación de la población con la Policía. Asimismo, se debe reforzar la capacitación de policías y fiscales y promover una mayor coordinación e intercambio de información entre el Ministerio Público y la Policía Nacional para un mejor desempeño de sus funciones persecutoras", observa Castaños Guzmán.

Sostuvo que ha llegado la hora de que la clase política y todos los sectores sociales comprometidos con la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica aúnen esfuerzos para fortalecer la institución policial y producir la eficientización de las políticas contra la criminalidad. "No podemos seguir dilatando la reforma policial y el empoderamiento total de las autoridades civiles en el control de sus funciones preventivas e investigativas", aconseja Servio Tulio.