Los 70 inmigrantes indocumentados, en su mayoría varones veinteañeros y treintañeros, colman el sector del jurado de 16 sillas, además de siete hileras de bancos de madera normalmente reservados para el público del tribunal federal de Tucson.
Más o menos en una hora, las docenas de inmigrantes aceptarán declararse culpables y ser sentenciados en un proceso que podría prolongarse meses para la mayoría.
La escena ofrece un atisbo del proceso federal de inmigración que lleva a los límites el sistema de justicia estadounidense, abruma a los jueces federales y aumenta el número de hispanos enviados a prisión.
Estadísticas reveladas la primera semana de junio revelan que los hispanos representan casi la mitad de todas las personas sentenciadas por delitos federales, una cifra abultada por las trasgresiones inmigratorias. Por comparación, los hispanos representaban el año pasado el 16% de toda la población en Estados Unidos.
Las sentencias por delitos de inmigración, que van desde el cruce fronterizo ilegal hasta el contrabando de personas, representaron un 87% del aumento en el número de hispanos enviados a la cárcel en la última década, según un análisis de los datos de la Comisión de Sentencias.
La tendencia ha dividido a los legisladores y funcionarios en los tribunales y en la frontera. Algunos políticos creen que las audiencias masivas deberían expandirse para contener la inmigración ilegal. Otros se preguntan si los programas distraen a los fiscales de reprimir delitos más graves.
"Hay un uso de los recursos de la justicia penal que no tiene sentido. ¿Acaso estamos sencillamente sumando cifras para que parezca que hacemos más ante los delitos de inmigración y de drogas, o estamos haciendo algo efectivo?", se preguntó el juez federal Rubén Castillo, quien se retiró de la Comisión de Sentencias en diciembre, después de 11 años.
Algunas de las audiencias judiciales expeditivas son parte de un programa que comenzó en el 2005 en Del Río, Texas, y pronto se extendió a otros sectores de la Patrulla Fronteriza. Antes de ese año, los que entraban ilegalmente eran acusados de contravenciones federales, pero muchos inmigrantes mexicanos simplemente eran devueltos tras la frontera.
Los nuevos programas aceleraron los procedimientos legales y miles de ciudadanos mexicanos terminan presos todos los años.
La primera vez que alguien es capturado por entrar sin documentos suele ser culpado de una contravención que conduce a la deportación o a un máximo de seis meses en custodia federal. Si vuelven a capturarlos -lo que sucede a menudo- son acusados de un delito llamado reingreso ilegal, el cual conlleva un máximo de una sentencia de dos años de prisión, o más, si tienen antecedentes penales. Algunas sentencias son reducidas mediante acuerdos.
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