Una denuncia sobre la
comisión de un soborno, o de un hecho de corrupción, debe tener en la portada las pruebas convincentes.
Denunciar al vuelo, señalar irregularidades, y guardar
los datos, es una irresponsabilidad.
De la justicia
ignorar el caso porque no siguió los estamentos tradicionales y convencionales,
es una falta de autoridad.
El embajador de la Gran Bretaña acreditado en el país,
Steven Fisher, denunció lo que estima falta de seguridad jurídica que prevalece
en la República Dominicana.
Esa denuncia tiene mucha importancia, sobre todo desde el
punto de vista económico y político. Téngase
en cuenta que la Gran Bretaña es considerada la quinta nación que más ha
invertido en los últimos años en el país.
Contrario al discurso del embajador norteamericano, no
creo que Fisher tenga una postura injerencista
en los asuntos internos dominicanos.
Está denuciando una situación que a su juicio perjudica a los inversionistas de
su país. Pero comete el pecado de no entregar pruebas.
Poca importante es, si el tenía que hacer la denuncia vía
la Cancillería o si prefirió, en forma incorrepta, darla a conocer directamente a la opinión pública.
Eso es intrascendente.
Lo que tiene importancia son las pruebas que acompañen a
su denuncia de que por lo menos una
compañía inglesa prefirió abandonar el país, por supuestamente ser sometida a sobornos.
El embajador comete el mismo pecado de lo que llama corruptos,
porque sabe sus nombres, sus identidades, y lo calla.
Todo el mundo conoce la discresión de los ingleses, y el
bajo perfil que toman en sus relaciones con otros países, por lo que sorprenden
que el embajador Fisher se destapara con esta denuncia en la prensa.
Instamos a que el diplomático ahora de a conocer todo lo que sabe a través
de los medios informativos, que fue donde hizo su denuncia.
Para la justicia, hay algo más que un rumor público, hay
una denuncia específica de un funcionario diplomático de alto nivel, y el caso
se debe investigar.
La Procuraduría General de la República debe ir donde el
embajador y pedirle los datos sobre su denuncia, y proceder a realizar las
investigaciones de rigor.
La República Dominicana tiene un mercado sólido con los
ingleses, y el mismo no puede correr peligro porque el embajador haya
denunciado que hay falta de seguridad
jurídica en el país, para los inversionistas ingleses.
Si hay irregularidades que se corrijan, y si es un
malentendido, que se aclare, pero esto no puede quedar en el aire.
Que el embajador hable, y que la justicia actúe.
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