23.3.09

CONEP quiere se le de una amplia participación a sus ideas sobre las reformas constitucionales


Santo Domingo.-El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), formuló un reclamo de atención dirigido a que su propuesta de observaciones sobre el proyecto de Reforma Constitucional que está siendo objeto de discusión, sea tomada en cuenta en virtud de la importancia cardinal que implica para el sector empresarial dominicano determinados temas que afectan el comportamiento de las actividades económicas y el régimen de libre empresa, y la propiedad privada.
Lisandro Macarrulla, presidente del CONEP, dijo que el texto de discusión propicia la posibilidad de monopolios estatales sin ley ni control y consagra la estabilidad de precios, disposiciones que contradicen a la Ley General de Libre Competencia vigente en el país y riñe con los principios fundamentales que caracteriza una economía de mercado.
Subrayó además, que se contempla la asunción de un rol activo de parte del Estado en la actividad económica lo que lo convierte en ente regulado y regulador, implicando a su vez la posibilidad de que el Estado sea el competidor real del sector privado en la prestación de bienes y servicios.
“En el CONEP nos preocupa esencialmente si habrá una aplicación con equidad de las reglas del juego y de las leyes existentes ya que en realidad no se debe ser juez y parte” apuntó Macarrulla.
Alertó de igual manera que el proyecto de discusión establece la posibilidad de expropiación sin indemnización previa en caso de “situación grave”, cuando esto sólo se preveía en caso de calamidad pública, lo que obviamente atenta contra el derecho de propiedad a la vez de constituirse en una señal equivocada frente a los inversionistas nacionales y extranjeros.
Indicó que en el texto de discusión, la consagración del trabajo se dispone como un derecho, pero inflexibiliza sus disposiciones al declararlas vía una Constitución y no por la legislación laboral acorde con la realidad socio-económica del país.
De igual modo, Macarrulla observó que aunque prohíbe la discriminación en el trabajo para acceder al empleo o durante la prestación del servicio sin tomar en cuenta criterios como la antigüedad, eficiencia y capacidad, a su vez prohíbe o limita al cierre de empresas o a establecer jornadas laborales más flexibles de acuerdo con la realidad de la empresa en cuanto a la oferta, demanda y escasez de materias primas, y de lo que pueda estar viviendo el país

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