Santo Domingo.- El secretario de Interior y Policía y presidente del Consejo Nacional de Migración (CNM), Franklin Almeyda, precisó ayer que el proyecto de captura de datos biométricos de los extranjeros se extenderá a aquellos que estén legal o ilegal en el país, tras sostener que la idea es proteger la identidad de los extranjeros, sin importar si poseen documentos.
Almeyda puntualizó que los recursos económicos para el plan piloto que se desarrollará en los pueblos de la frontera, Las Terrenas, Cabarete y Boca Chica serán aportados por la Secretaría de Interior y Policía, pero que luego el CNM determinará su extensión a otras ciudades.
Aclaró que no se trata de dar al extranjero un documento de permanencia en el país, sino de obtener las informaciones biométricas para tener un registro de los que ingresan o residen aquí de manera legal o ilegal.
“Lo que aprobó el CNM es una propuesta encaminada a capturar la información biométrica de la identidad de todos los extranjeros establecidos en el país, sea legales o ilegales.
Ahora, como se trata de un proyecto ambicioso, acordamos elaborar un proyecto piloto para aplicarlo en la frontera, Cabarete, Las Terrenas y Boca Chica”, explicó.
El proyecto será desarrollado por el CNM y la Cámara Administrativa de la JCE, que sometió la propuesta, y solo dará colaboración y asistencia técnica, porque ya no es un programa suyo, sino del CNM.
Se supo que los módulos serán similiares a los que utiliza la Secretaría de Obras Públicas para expedir las licencias y que esta institución se ofreció para aportar las unidades.
Apoya iniciativa El Servicio Jesuita para Refugiados y Migrantes respaldó el proyecto, porque facilitará el control del flujo migratorio, básicamente a través de la frontera, y servirá para restringir el filtro hacia territorio dominicano de personas vinculadas al crimen organizado internacional.
Subraya, además, que ese programa responde a la necesidad que tiene el Estado dominicano de cuantificar la población de migrantes.
Francisco Leonardo, encargado de Incidencia Política del Servicio Jesuita, observó que constituye un paso de avance hacia el objetivo de una regularización de los migrantes y fortalecerá los mecanismos para la implementación de ejecutorias ciudadanas.
“Es un paso de avance para todos los que hemos abogado por el respeto de los derechos de los trabajadores migrantes, porque una vez definida una identificación, tengan éstos un estatus legal o ilegal, se reduciría el margen de incertidumbre que hay respecto a la contratación de los trabajadores en el área agrícola y de la construcción”, manifestó.
Consideró que evita situaciones como la ocurrida recientemente en Dajabón, de retener trabajadores migrantes porque no tenían un pase especial.
Almeyda puntualizó que los recursos económicos para el plan piloto que se desarrollará en los pueblos de la frontera, Las Terrenas, Cabarete y Boca Chica serán aportados por la Secretaría de Interior y Policía, pero que luego el CNM determinará su extensión a otras ciudades.
Aclaró que no se trata de dar al extranjero un documento de permanencia en el país, sino de obtener las informaciones biométricas para tener un registro de los que ingresan o residen aquí de manera legal o ilegal.
“Lo que aprobó el CNM es una propuesta encaminada a capturar la información biométrica de la identidad de todos los extranjeros establecidos en el país, sea legales o ilegales.
Ahora, como se trata de un proyecto ambicioso, acordamos elaborar un proyecto piloto para aplicarlo en la frontera, Cabarete, Las Terrenas y Boca Chica”, explicó.
El proyecto será desarrollado por el CNM y la Cámara Administrativa de la JCE, que sometió la propuesta, y solo dará colaboración y asistencia técnica, porque ya no es un programa suyo, sino del CNM.
Se supo que los módulos serán similiares a los que utiliza la Secretaría de Obras Públicas para expedir las licencias y que esta institución se ofreció para aportar las unidades.
Apoya iniciativa El Servicio Jesuita para Refugiados y Migrantes respaldó el proyecto, porque facilitará el control del flujo migratorio, básicamente a través de la frontera, y servirá para restringir el filtro hacia territorio dominicano de personas vinculadas al crimen organizado internacional.
Subraya, además, que ese programa responde a la necesidad que tiene el Estado dominicano de cuantificar la población de migrantes.
Francisco Leonardo, encargado de Incidencia Política del Servicio Jesuita, observó que constituye un paso de avance hacia el objetivo de una regularización de los migrantes y fortalecerá los mecanismos para la implementación de ejecutorias ciudadanas.
“Es un paso de avance para todos los que hemos abogado por el respeto de los derechos de los trabajadores migrantes, porque una vez definida una identificación, tengan éstos un estatus legal o ilegal, se reduciría el margen de incertidumbre que hay respecto a la contratación de los trabajadores en el área agrícola y de la construcción”, manifestó.
Consideró que evita situaciones como la ocurrida recientemente en Dajabón, de retener trabajadores migrantes porque no tenían un pase especial.
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