Santo Domingo.- Los abogados del Banco del Progreso anunciaron hoy que apelarán la sentencia de 10 años de cárcel dictada contra el presidente de esa entidad bancaria, Pedro Castillo, por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que lo condenó además al pago de RD$12 mil millones.
Explicaron que la sentencia será apelada en razón de que a Castillo sólo fue impuesta la mitad de la pena solicitada, que fue de 20 años, a pesar de que la propia sentencia da por probados todos los hechos que se le imputan al acusado.
Señalaron que además de que todos los hechos que se le imputaron a Castillo fueron aceptados como probados, el tribunal de primer grado le retuvo responsabilidad penal en cinco cargos distintos: violación a la Ley de Valores, a la Ley Monetaria y Financiera, al artículo 408 del Código Penal -abuso de confianza-, al artículo 54 del Código de Comercio -distribución de dividendos ficticios- y a la ley de lavado.
Del mismo modo, el fallo estableció que Castillo no tenía necesidad económica que lo empujara a delinquir, estaba en pleno conocimiento de que hacía lo incorrecto y aun así lo hizo sólo con el objetivo de costearse una vida de lujo.
Tras resaltar el sentido de justicia que prevalece en los argumentos emitidos por el tribunal en su dictamen, los abogados del Banco del Progreso llamaron la atención sobre el hecho de que los delitos económicos deben ser sancionados con la misma fuerza que los delitos de sangre cuando tengan la gravedad que la propia sentencia expresa.
Los abogados del Banco del Progreso concluyeron que, no obstante su decisión de apelar la sentencia, están satisfechos de que la justicia haya prevalecido en este caso y de que Castillo fuera legalmente sancionado por los delitos cometidos.
Explicaron que la sentencia será apelada en razón de que a Castillo sólo fue impuesta la mitad de la pena solicitada, que fue de 20 años, a pesar de que la propia sentencia da por probados todos los hechos que se le imputan al acusado.
Señalaron que además de que todos los hechos que se le imputaron a Castillo fueron aceptados como probados, el tribunal de primer grado le retuvo responsabilidad penal en cinco cargos distintos: violación a la Ley de Valores, a la Ley Monetaria y Financiera, al artículo 408 del Código Penal -abuso de confianza-, al artículo 54 del Código de Comercio -distribución de dividendos ficticios- y a la ley de lavado.
Del mismo modo, el fallo estableció que Castillo no tenía necesidad económica que lo empujara a delinquir, estaba en pleno conocimiento de que hacía lo incorrecto y aun así lo hizo sólo con el objetivo de costearse una vida de lujo.
Tras resaltar el sentido de justicia que prevalece en los argumentos emitidos por el tribunal en su dictamen, los abogados del Banco del Progreso llamaron la atención sobre el hecho de que los delitos económicos deben ser sancionados con la misma fuerza que los delitos de sangre cuando tengan la gravedad que la propia sentencia expresa.
Los abogados del Banco del Progreso concluyeron que, no obstante su decisión de apelar la sentencia, están satisfechos de que la justicia haya prevalecido en este caso y de que Castillo fuera legalmente sancionado por los delitos cometidos.
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