8.4.11

EEUU critica RD revoque actas de nacimiento a haitianos

WASHINGTON — El gobierno estadounidenses criticó el viernes la decisión de República Dominicana de revocar de forma retroactiva las actas de nacimiento a personas de origen haitiano, al recordar que deja a los afectados sin nacionalidad, indocumentados y sin derechos.


"Algunas de esos nacimientos habían sido registrados hace décadas, muchos desde principios de los años 70", destacó el informe anual sobre derechos humanos del Departamento de Estado estadounidenses,
difundido el viernes en Washington.

Sólo en el primer trimestre de 2010, las autoridades dominicanas revocaron los certificados de nacimientos y cédulas de identidad a 126 personas de ascendencia haitiana, detalló el documento.

La Junta Central Electoral (JCE), encargada de emitir las actas de nacimiento y las cédulas para los adultos, comenzó en 2006 la revocación de los documentos de identidad a personas de origen haitiano por considerar que habían sido registrados como dominicanos de forma fraudulenta, ya que sus padres no eran residentes legales.

El presidente de la JCE, Roberto Rosario, ha explicado con base en una lectura de la constitución que estuvo vigente hasta el 25 de enero de 2010, que los hijos de extranjeros en tránsito, como los braceros
haitianos, no podían obtener de forma automática la nacionalidad dominicana.

Miles de inmigrantes haitianos que han llegado durante décadas a República Dominicana para trabajar en los ingenios cañeros y como peones en el campo nunca han obtenido la residencia legal, por lo que
carecen de documentos y sus hijos nacidos en territorio dominicano, que sí contaban con documentos, están en peligro de perder la nacionalidad.

Sonia Pierre, directora del Movimiento de Mujeres Domínico-Haitianas (Mudha), dijo recientemente a la AP que tiene más de 800 registros de dominicanos de ascendencia haitiana a quienes la JCE les ha revocado
sus documentos desde 2007, aunque el número de afectados podría ascender a miles.

El Mudha y otras organizaciones civiles presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que lo ha debatido en sus últimos dos periodos de sesiones, en octubre y marzo pasados.

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