La aprobación en el Congreso del paquete fiscal y la reciente alza de la tarifa eléctrica encienden la luz verde del pacto. Eran los dos puntos que colocaban al pacto, firmado en noviembre del 2009, en una situación de pasividad.
En lo que va de año el Gobierno no ha recibido desembolso de la programación hecha en base a los recursos contemplados en el acuerdo, que involucra un financiamiento global equivalente a US$1,700 millones.
“Si bien el desempeño del programa sigue siendo ampliamente satisfactorio, varios criterios de ejecución para fines de diciembre de 2010 y finales de marzo de 2011 no se cumplieron, sobre todo los relacionados con el sector eléctrico, donde los grandes subsidios actuaron para deteriorar el resultado fiscal”, dijo el FMI el 7 del mes en curso en una declaración de la misión que estuvo en el país entre el 24 de mayo y el 7 de junio en curso, como parte de las discusiones en el marco de las revisiones quinta y sexta.
A finales de mayo, estando la misión del FMI en el país, el Gobierno a través de la Superintendencia de Electricidad dispuso, con efectividad desde el primero de junio, un aumento de un 8% en la tarifa eléctrica. Posteriormente remitió al Congreso Nacional, vía el Senado, un paquete de medidas impositivas, con un alcance de recaudación estimado por las autoridades fiscales de unos RD$9,500 millones.
El paquete fue modificado totalmente en el Congreso, y finalmente el miércoles pasado fue convertida en ley una propuesta diferente de fondo, pero que al parecer aportará un volumen similar de recursos, aunque su ingreso efectivo se produzca mayormente a partir del 2012.
El último comunicado del FMI planteaba que “la mayoría de las medidas estructurales se han implementado, algunas de ellas con retraso”. “El Gobierno ha reiterado su compromiso con los objetivos y las políticas de su programa económico, que prevé un endurecimiento de las políticas para el 2011”, agrega.
De la última visita del FMI al país salieron las dos principales iniciativas que deben reanudar la marcha del acuerdo, que para el año en curso contempla desembolsos por unos US$165 millones.
En total, la reanudación del pacto permitirá el ingreso de unos US$1,500 millones de recursos externos, incluida una emisión de bonos soberanos.
Un semestre atascado
El acuerdo tipo stand by firmado entre el Gobierno y el FMI tiene unos seis meses varado. La quinta revisión corresponde al trimestre octubre-diciembre del 2010 y la sexta al período enero-marzo del año en curso. Tan pronto concluyan esas revisiones, el fondo deberá enviar su misión para iniciar la séptima, que abarca el período abril-junio.
El aspecto fiscal, en lo relativo a los desequilibrios provocados por el aumento del precio del petróleo, fue el mayor inconveniente que afectó la continuidad del acuerdo. “El aumento del precio del petróleo ha dado por resultado subsidios a la electricidad significativamente mayores a los programados para el 2011”, dijo el FMI en su comunicado del 7 de junio, emitido luego del regreso de la misión revisora a la sede del organismo, en Washington.
Medidas reactivadoras aplicadas
Para “convencer” al FMI el Gobierno comenzó a aplicar medidas desde la estadía de los miembros de la misión, que en la última visita cubrieron un amplio programa de visitas y entrevistas, que incluyeron al Presidente y Vicepresidente de la República, a los miembros del Gabinete Económico y altos funcionarios gubernamentales, congresistas, representantes del sector privado y dirigentes sindicales.
“Las discusiones han sido muy productivas y se han acordado las medidas esenciales para el resto de 2011, para asegurar que el programa del Gobierno siga en marcha”, expresó el comunicado del Fondo, que también destacó que en el aspecto fiscal, “las autoridades han reaccionado ajustando las tarifas eléctricas en 8 por ciento, con vigencia a partir de junio de 2011 y reduciendo el gasto no social en un 12 por ciento”.
Misión esperó propuesta
La misión del FMI al parecer quiso estar segura de que las medidas faltantes se iniciarían. En su comunicado del 7 de junio en curso dijo que “adicionalmente, se ha enviado al Congreso un paquete de medidas tributarias con el objetivo de revertir la tendencia a la baja de las recaudaciones”.
Ese paquete fue previsto originalmente para gravar con un 10% el servicio de televisión por cable, aplicar un impuesto del 1% a los activos financieros de la banca y establecer un gravamen del 10% a los ingresos brutos de las bancas de loterías y apuestas deportivas, y a los casinos. Finalmente quedó en aumentar la tasa del ISR de las empresas a 29% y aprobar una tasa de 2.5% a los ingresos de zonas francas por ventas locales.
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