A doce años de iniciarse la reforma de las empresas públicas mediante el proceso de capitalización aprobado por la Ley 141-97, del 10 de junio de 1997, la iniciativa ha sido frustrada, politizada y hasta satanizada, según sostienen entendidos en la materia y actores del sistema.
Entienden que el proceso se encuentra orientado al total fracaso con las actuales adquisiciones hechas por el Gobierno de instituciones de capital mixto, que han sido estatizadas, impidiendo que esos organismos funcionen con eficiencia, transparencia y generen beneficios para impulsar el desarrollo de la nación.
Consideran que esto ha sido el resultado de que el Gobierno no ha realizado su papel de regulador del desempeño de esas empresas, sean estas públicas o privadas.
El ex presidente de la Comisión de Reforma de la Empresa Pública (CREP), Antonio Isa Conde, y los presidentes de la Federación de Asociaciones Industriales (Fai), Ignacio Méndez, y de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera (AEIH), Manuel Cabrera, rechazan que las empresas sean estatizadas y consideran que el papel del Estado es regular las funciones de las mismas.
La Ley No.141-97 sobre reforma de las empresas públicas, en su artículo 3 establece que las entidades sujetas a ser reformadas son: las empresas que integran la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde); la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE); los hoteles que conforman la Corporación de Fomento de la Industria Hotelera (Corphotel) y el Consejo Estatal del Azúcar (Cea).
De acuerdo con datos del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), con la puesta en funcionamiento de la Ley No.141-97 en la CDE se reformarían 5 empresas: 3 de distribución y 2 de generación. Las 5 fueron reformadas mediante la modalidad de capitalización.
En tanto, que Corde agrupaba 26 empresas, clasificadas en 6 grupos de acuerdo al sector y la actividad que realizan.
Según los datos del Fonper en el Cea fueron arrendados 10 de sus 12 ingenios, mientras que en Corphotel la mayoría de los hoteles estaban arrendados.
Entre las empresas públicas capitalizadas que el Estado ha vuelto adquirir el 100% de sus acciones se encuentran las distribuidoras de electricidad cuya capitalización, según Fonper, ascendió en su conjunto a US$321.2 millones, de los cuales Edenorte y Edesur, que pertenecían a Unión Fenosa, representaban US$211.9 millones y Edeeste US$109.3 millones.
Otra empresa que el Estado ha adquirido el 100% de sus acciones ha sido la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa). No obstante, antes del 30 de este mes venderá el 49% de las acciones de esa empresa en US$130 millones al Estado de Venezuela.
Según el Fonper, entre las empresas que fueron capitalizadas, se encuentran Ege-Itabo con US$178 millones, aportados por el Consorcio Coastal-Gener, S.A.; Ege-Haina con US$145 millones, aportados por Seabord Corporation; Molinos del Ozama, con RD$254.7 millones, por Malla & Compañía, y la Tabacalera, con US$25 millones, por el Consorcio Cita Caribe.
En cuanto a arrendamientos que fueron efectuados, de acuerdo con Fonper, se encuentra la Marmolería Nacional con US$405,694.00, a 25 años, a la empresa Marmotech, S.A.; Minas de Sal y Yeso, por US$2 millones, a 25 años, a Cemex, y los ingenios Río Haina, Ozama, Boca Chica, Quisqueya y Consuelo, arrendados con un pago fijo anual de US$6.3 millones, por el Consorcio Azucarero del Caribe, S.A. (Conazucar).
También, la Central Azucarera del Este fue arrendataria de los ingenios Porvenir y Santa Fe, con renta fija anual de US$2.3 millones; el Consorcio Azucareo Central, del ingenio Barahona, renta fija anual de US$1.8 millones, y el Consorcio Agroindustrial del Cañabrava, adjudicataria de los ingenios Montellano y Amistad, con renta fija anual de US$450,000.00 Sólo el ingenio Barahona está actualmente operando.
Declara de utilidad pública terrenos de instituciones del estado dominicano
Según el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), creado por la Ley No.124-01, del 13 de junio de 2001, el presidente Leonel Fernández, acogiendo propuestas de este organismo y de la Comisión de Reforma de la Empresa Pública (CREP), creada por la Ley No.141-97, emitió sendos decretos en virtud de los cuales declaró de utilidad pública los terrenos donde funcionaron la Industria Nacional del Vidrio (Favidrio) y la Industria Nacional de Papel (Iduspapel), ambas en la provincia de San Cristóbal.
Indica que lo mismo hizo el mandatario con respecto a los terrenos donde funcionó Pinturas Dominicanas (Pidoca), ubicados en el municipio Santo Domingo Este, y con los hangares, un apartamento y los predios del club de la desaparecida Compañía Dominicana de Aviación (CDA).
En los predios de Favidrio, el Fonper impulsa la instalación de dos parques industriales para concentrar a las micro, pequeñas y medianas empresas de la provincia San Cristóbal.
De esa iniciativa también forman parte la Corporación de Fomento Industrial (CFI), el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (Indotel), el Despacho de la Primera Dama y el Instituto de Formación Técnico Profesional (Infotep).
Una iniciativa similar, según Fonper, es contemplada para ser ejecutada en los terrenos de Pidoca, mientras que en los de Iduspapel se construirá un parque industrial para empresas grandes.
El ex presidente de la CREP y también asesor industrial del Poder Ejecutivo, Antonio Isa Conde, expresa que “la capitalización fue una opción porque esas empresas no eran sujeto de crédito y no había forma de ponerlas a funcionar, es más, si no se hubiera capitalizado la CDE, se hubiera apagado el país”.
Mientras que el presidente de la Federación de Asociaciones Industriales (Fai), Ignacio Méndez, manifesta que “el papel del Estado debe limitarse a ser el regulador de la sociedad, y más nada”.
En tanto, que el presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera (AEIH), Manuel Cabrera, enfatiza: “El Estado desvirtúa su función cuando se pone a intervenir en negocios que pueden ser manejados por el sector privado y deja de ser regulador, supervisor y facilitador del establecimiento de los sistemas reproductivos”.
Opiniones
Antonio Isa Conde
Soy enemigo de la estatización
“En definitiva, realmente podríamos decirles que se frustró la reforma, pero los aspectos que se trabajaron bien dieron beneficios. Yo particularmente soy enemigo del Estado empresario, sobre todo en países con la institucionalidad tan débil”.
Ignacio Méndez
Ojalá se revierta la estatización
“Pienso que esa adquisición del 49% de las acciones de la Refinería Dominicana de Petróleo por parte del Gobierno de Venezuela pudiera revertir el proceso de estatización. Ojalá que sigan con las empresas distribuidoras de electricidad”.
Manuel Cabrera
La capitalización fue satanizada
“Yo creo que la ley de capitalización fue satanizada, y se politizó mucho. Mi recomendación es que el Estado tiene que privatizar todas esas instituciones y ayudar a que se haga eficiente el manejo del sistema eléctrico”.
Entienden que el proceso se encuentra orientado al total fracaso con las actuales adquisiciones hechas por el Gobierno de instituciones de capital mixto, que han sido estatizadas, impidiendo que esos organismos funcionen con eficiencia, transparencia y generen beneficios para impulsar el desarrollo de la nación.
Consideran que esto ha sido el resultado de que el Gobierno no ha realizado su papel de regulador del desempeño de esas empresas, sean estas públicas o privadas.
El ex presidente de la Comisión de Reforma de la Empresa Pública (CREP), Antonio Isa Conde, y los presidentes de la Federación de Asociaciones Industriales (Fai), Ignacio Méndez, y de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera (AEIH), Manuel Cabrera, rechazan que las empresas sean estatizadas y consideran que el papel del Estado es regular las funciones de las mismas.
La Ley No.141-97 sobre reforma de las empresas públicas, en su artículo 3 establece que las entidades sujetas a ser reformadas son: las empresas que integran la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde); la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE); los hoteles que conforman la Corporación de Fomento de la Industria Hotelera (Corphotel) y el Consejo Estatal del Azúcar (Cea).
De acuerdo con datos del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), con la puesta en funcionamiento de la Ley No.141-97 en la CDE se reformarían 5 empresas: 3 de distribución y 2 de generación. Las 5 fueron reformadas mediante la modalidad de capitalización.
En tanto, que Corde agrupaba 26 empresas, clasificadas en 6 grupos de acuerdo al sector y la actividad que realizan.
Según los datos del Fonper en el Cea fueron arrendados 10 de sus 12 ingenios, mientras que en Corphotel la mayoría de los hoteles estaban arrendados.
Entre las empresas públicas capitalizadas que el Estado ha vuelto adquirir el 100% de sus acciones se encuentran las distribuidoras de electricidad cuya capitalización, según Fonper, ascendió en su conjunto a US$321.2 millones, de los cuales Edenorte y Edesur, que pertenecían a Unión Fenosa, representaban US$211.9 millones y Edeeste US$109.3 millones.
Otra empresa que el Estado ha adquirido el 100% de sus acciones ha sido la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa). No obstante, antes del 30 de este mes venderá el 49% de las acciones de esa empresa en US$130 millones al Estado de Venezuela.
Según el Fonper, entre las empresas que fueron capitalizadas, se encuentran Ege-Itabo con US$178 millones, aportados por el Consorcio Coastal-Gener, S.A.; Ege-Haina con US$145 millones, aportados por Seabord Corporation; Molinos del Ozama, con RD$254.7 millones, por Malla & Compañía, y la Tabacalera, con US$25 millones, por el Consorcio Cita Caribe.
En cuanto a arrendamientos que fueron efectuados, de acuerdo con Fonper, se encuentra la Marmolería Nacional con US$405,694.00, a 25 años, a la empresa Marmotech, S.A.; Minas de Sal y Yeso, por US$2 millones, a 25 años, a Cemex, y los ingenios Río Haina, Ozama, Boca Chica, Quisqueya y Consuelo, arrendados con un pago fijo anual de US$6.3 millones, por el Consorcio Azucarero del Caribe, S.A. (Conazucar).
También, la Central Azucarera del Este fue arrendataria de los ingenios Porvenir y Santa Fe, con renta fija anual de US$2.3 millones; el Consorcio Azucareo Central, del ingenio Barahona, renta fija anual de US$1.8 millones, y el Consorcio Agroindustrial del Cañabrava, adjudicataria de los ingenios Montellano y Amistad, con renta fija anual de US$450,000.00 Sólo el ingenio Barahona está actualmente operando.
Declara de utilidad pública terrenos de instituciones del estado dominicano
Según el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), creado por la Ley No.124-01, del 13 de junio de 2001, el presidente Leonel Fernández, acogiendo propuestas de este organismo y de la Comisión de Reforma de la Empresa Pública (CREP), creada por la Ley No.141-97, emitió sendos decretos en virtud de los cuales declaró de utilidad pública los terrenos donde funcionaron la Industria Nacional del Vidrio (Favidrio) y la Industria Nacional de Papel (Iduspapel), ambas en la provincia de San Cristóbal.
Indica que lo mismo hizo el mandatario con respecto a los terrenos donde funcionó Pinturas Dominicanas (Pidoca), ubicados en el municipio Santo Domingo Este, y con los hangares, un apartamento y los predios del club de la desaparecida Compañía Dominicana de Aviación (CDA).
En los predios de Favidrio, el Fonper impulsa la instalación de dos parques industriales para concentrar a las micro, pequeñas y medianas empresas de la provincia San Cristóbal.
De esa iniciativa también forman parte la Corporación de Fomento Industrial (CFI), el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (Indotel), el Despacho de la Primera Dama y el Instituto de Formación Técnico Profesional (Infotep).
Una iniciativa similar, según Fonper, es contemplada para ser ejecutada en los terrenos de Pidoca, mientras que en los de Iduspapel se construirá un parque industrial para empresas grandes.
El ex presidente de la CREP y también asesor industrial del Poder Ejecutivo, Antonio Isa Conde, expresa que “la capitalización fue una opción porque esas empresas no eran sujeto de crédito y no había forma de ponerlas a funcionar, es más, si no se hubiera capitalizado la CDE, se hubiera apagado el país”.
Mientras que el presidente de la Federación de Asociaciones Industriales (Fai), Ignacio Méndez, manifesta que “el papel del Estado debe limitarse a ser el regulador de la sociedad, y más nada”.
En tanto, que el presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera (AEIH), Manuel Cabrera, enfatiza: “El Estado desvirtúa su función cuando se pone a intervenir en negocios que pueden ser manejados por el sector privado y deja de ser regulador, supervisor y facilitador del establecimiento de los sistemas reproductivos”.
Opiniones
Antonio Isa Conde
Soy enemigo de la estatización
“En definitiva, realmente podríamos decirles que se frustró la reforma, pero los aspectos que se trabajaron bien dieron beneficios. Yo particularmente soy enemigo del Estado empresario, sobre todo en países con la institucionalidad tan débil”.
Ignacio Méndez
Ojalá se revierta la estatización
“Pienso que esa adquisición del 49% de las acciones de la Refinería Dominicana de Petróleo por parte del Gobierno de Venezuela pudiera revertir el proceso de estatización. Ojalá que sigan con las empresas distribuidoras de electricidad”.
Manuel Cabrera
La capitalización fue satanizada
“Yo creo que la ley de capitalización fue satanizada, y se politizó mucho. Mi recomendación es que el Estado tiene que privatizar todas esas instituciones y ayudar a que se haga eficiente el manejo del sistema eléctrico”.
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