La medida de Alabama, que entraría en vigor el 1 de septiembre, permite a la Policía del estado detener a una persona bajo sospecha de que se encuentra indocumentada en EE.UU., penaliza a quienes transporten a un indocumentado y exige a las empresas verificar el
estatus migratorio de sus empleados, entre otros.
La ley, considerada por organizaciones civiles como una versión "más dura" de la ley de Arizona que criminaliza a los indocumentados, también exige a las escuelas a públicas del estado
determinar el estatus migratorio de los estudiantes y niega el
acceso a educación superior a inmigrantes indocumentados.
"Esta ley, firmada hoy por el gobernador Bentley, va mucho más lejos que la controvertida ley (de Arizona)", dijo en conferencia de prensa Mary Bauer, directora legal del Centro Sureño Legal contra la
Pobreza (SPLC).
La activista calificó la medida de "inconstitucional", "racista" y "mal intencionada".
"Vamos a entablar un litigio para desafiarla y esa es la postura de otras organizaciones", aseveró Bauer.
El SPLC y una coalición de organizaciones civiles, entre las que se encuentra la Unión de Libertades Civiles de EE.UU. (ACLU), presentaron esta semana un recurso legal para solicitar a un juez
federal que bloquee la entrada en vigor en Georgia de la ley estatal HB 87 similar a la SB1070.
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