Procurador acusa a jefe DNCD de no cumplir acuerdo distribución bienes

Procurador general

SANTO DOMINGO.- El procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, acusó este jueves al presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), mayor general Rolando Rosado Mateo, de faltar a su palabra, luego de comprometerse de manera verbal a cumplir con el acuerdo en torno a la distribución de los bienes decomisado producto del crimen organizado.


Jiménez Peña aseguró que el mayor general Rosado Mateo, presidente de la DNCD, arribó un acuerdo verbal con la presidenta del Consejo Nacional de Drogas (CND), Mabel Félix, el cual no cumplió.

La Comisión de Ministerio Público de la Cámara de Diputados se reunió con el procurador y varios fiscales para conocer su parecer en torno a la modificación a la Ley 72-02 sobre lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas y otras infracciones graves.

Empero, el jefe de Ministerio Público indicó que los legisladores son los que tienen la última palabra, los cuales estudian, debatirán y aprobarán el proyecto que sometió para modificar la Ley 72-02 que establece la distribución de los recursos y bienes provenientes del narcotráfico y lavado de activo.

Señaló que el Ministerio Público opera con déficit presupuestal de 50 millones de pesos mensuales, situación que dificulta el traslado de los presos a los tribunales en todo el país y remodelación de las cárceles, entre otros proyectos.

Jiménez Peña señaló que desde 2008 el Ministerio Púbico tiene el mismo Presupuesto y expuso que en este año se produjo una reducción en su partida de 250 millones de pesos.

Explicó que el Ministerio Público, de acuerdo con su normativa Constitucional en su artículo 169, es el órgano rector de la política criminal del Estado dominicano, y por consiguiente es también el director de todo lo que tiene ver con la persecución y la investigación penal en el país.

Entiende que el Ministerio Público tiene la responsabilidad de dirigir el sistema penitenciario en el país.

Recordó que en 2002, cuando se creó la Ley 72-02, no se tomó en cuenta al Ministerio Público, pero que a partir de 2004, cuando entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, hubo necesariamente que hacer una reingeniería y un reordenamiento del Ministerio Público.

Citó que para poner un sólo ejemplo de lo difícil que es mantener a flote al Ministerio Público, el sistema carcelario alberga 22,500 internos, los cuales están distribuido en todas las cárceles del país.

Manifestó que actualmente operan 14 cárceles bajo el nuevo modelo de gestión penitenciaria y quedan 22 cárceles en el viejo, y que la Procuraduría tiene que transportar para trasladar diario 11,700 reclusos, que deben distribuirlos a diferentes tribunales del país.

FINJUS

En tanto, Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), consideró que es prioritaria la revisión de dicha legislación por entender que "es inaceptable que el Ministerio Público no figure entre las instituciones beneficiarias de los bienes, productos o instrumentos decomisados a consecuencia del lavado de activo".

En la reunión con los diputados, Castaños Guzmán resaltó la labor del Ministerio Público, quien dijo ejerce el monopolio de acción penal pública y dirige las investigaciones penales.